SOCIAS DE COMITÉS ESTAFADOS PROTESTARON CONTRA CONCEJAL Y FISCAL A CARGO DE LA CAUSA

Con pancartas y documentos para el fiscal, llegó un grupo de aproximadamente 30 personas pertenecientes a los comités Renacer, Quelentaro y Genesis 1, hasta el frontis de la Fiscalía de Angol, para protestar en contra de lo que consideran el excesivo tiempo que se ha demorado la formalización de la concejal angolina Bernarda Valenzuela, quien se encuentra siendo investigada por el delito de estafa en contra de los comités antes mencionados.

Cerca de las 10:00 de la mañana, el grupo de personas se situó frente a la fiscalía y comenzaron a vociferar diversas frases alusivas principalmente a la estafa ocurrida en su contra, responsabilizando y solicitando justicia en contra de la concejal Valenzuela.

REUNION

La directiva, además, solicitó reunirse con el fiscal que lleva el caso, ya que consideran que los tiempos que han transcurrido desde la denuncia que realizaron, son demasiados, llegando ya a 14 meses sin que, denuncian, la concejal haya sido formalizada.

Hugo González Castillo, presidente del comité Villa Renacer, quien además representa a Renacer, Quelentaro y Genesis 1, manifestó que "nos encontramos frente a la fiscalía porque queremos protestar por la lentitud con la cual se ha llevado el proceso en contra de la concejal angolina Bernarda Valenzuela, habiendo ya transcurrido más de un año desde que realizamos la denuncia en la PDI, el 26 de marzo del 2018. Creemos que el plazo es más que suficiente para poder reunir los antecedentes necesarios para formalizarla y poder así acceder a información clave en el proceso".

CRITICAS

Las críticas de los dirigentes apuntan directamente en contra del fiscal Carlos Cornejo, quien, aseguran, ha demorado demasiado el proceso.

"Nos preocupa la lentitud con que se ha llevado el proceso. Si bien el fiscal no ha mantenido informados de todo lo que ha ocurrido, creemos que en los últimos meses este proceso no ha avanzado nada lo que nos tiene muy preocupados", explicaron.

De acuerdo a la información entregada por los dirigentes, la denuncia realizada en contra de la concejal dice relación con el delito de apropiación indebida de 42 millones de pesos de los tres comités, lo que según aseguran, con el análisis de otros documentos, fácil podría superar los cien millones de pesos.

COBROS

Dominique Inostroza, presidenta del comité Génesis 1 informó que, en torno a los pagos realizados, solo en concepto de cuotas se canceló un monto de 150 mil pesos, por un total de 480 socios. Además, luego se pudo tener acceso a los documentos donde quedó claramente establecido que hubo muchos socios a los cuales se les cobró cuotas de incorporación que iban desde los 300 mil pesos hasta los 700 mil pesos, los cuales serían un gran número, aseguró. Todos estos dineros, explica, iban a parar directo a la cuenta de la concejal, quien hacía de asesora del comité, sin tener cargo directivo ni de ninguna otra índole.

AUDIOS

"Existen audios de las directivas de los dos grupos que no denunciaron, que deja en claro que éstos sabían que era la concejal la que tenía la plata, incluso una de las tesoreras dice que cuando una persona le pidió la plata, ella le dice que tiene que esperar a que Bernarda Valenzuela pueda hacer giros con su tarjeta, porque ya había hecho muchos giros, por lo que tenía que darle como un mes de plazo para hacerle devolución de su dinero", explicó.

Con este tipo de antecedentes, la dirigente da a entender que los montos de dineros defraudados podrían superar fácilmente los 100 millones de pesos, asegurando además que el valor de las cuotas de incorporación o solicitaba dineros para diferentes trámites, muchos de los cuales, aseguran, nunca se realizaron.

FISCAL

Por su parte el fiscal Carlos Cornejo, a cargo de la investigación, manifestó que los plazos en los cuales se ha incurrido son propios de una investigación de esta índole, informando que normalmente las investigaciones de delitos económicos son mayores a los tradicionales, por la cantidad de pruebas y diligencias que se deben llevar a cabo para comprobar el delito. Aseguró además que, si bien quedan bastantes trámites y peritajes pendientes, el tiempo para que existan novedades en torno al caso, no debería extenderse mucho más, aunque no se aventuró en dar fechas. "En general en un delito económico los plazos no son los mismos que en otro tipo de delitos, por la cantidad de personas que hay que entrevistar, el volumen de documentos que hay que analizar y en particular en este caso considerando que se trata de cuatro comités, que son cerca de 400 o 500 familias", explicó.

Cornejo aseguró además que existen algunos peritajes y diligencias que están en curso y que se esperan prontamente, como también expresó que queda por entrevistar a cada uno de los integrantes de los comité afectados, aunque señaló que ésta no era la diligencia más relevante.