SE VIENE MANO DURA A LA DELINCUENCIA

La Cámara de Diputados aprobó por 105 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones, el proyecto de agenda corta antidelincuencia, que busca hacer efectiva la aplicación de las penas contempladas para los delitos de robo, hurto y receptación. La iniciativa impulsada por el Gobierno busca el aumento de la pena asignada al delito de robo con violencia e intimidación con resultado de homicidio, violación,  lesiones graves gravísimas y secuestro.

A esto se suma que quienes realizan actividades comerciales relacionadas con automóviles y desarmadurías deberán tener un registro de sus adquisiciones con el objetivo de evitar el delito de receptación de partes y accesorios de vehículos. Además, se establecen una serie de medidas procesales más rigurosas para quienes cometan el delito de lesiones y homicidio en contra de policías y gendarmes en ejercicio de sus funciones.

Al respecto señalo Mario Venegas, Diputado DC “Esta es una clara señal, muy importante para todos, cuando hoy la población percibe que ha habido un aumento en estos delitos comunes y sobre todo, un aumento de la violencia asociada a  ello,  ha sido una buena iniciativa del gobierno que responde a una situación de país, claramente estamos entregando mejores herramientas tanto a a las policías como a los tribunales con el fin de que estos finalmente apliquen y hagan cumplir la ley.”

Una de las indicaciones también tiene relación con el control preventivo de identidad, que permitirá a las policías solicitar que cualquier persona se identifique con su cedula de identidad o pasaporte, pudiendo en caso de negativa conducirlos hasta dependencias policiales solo para efectos de corroborar su identidad y descartar ordenes de aprehensión pendientes. Se establece un control preventivo de identidad para cautelar la seguridad pública, con el objeto de resguardar los bienes jurídicos de las personas permitiendo al personal policial efectuar el control de la identidad de cualquier persona con el objeto de resguardar el orden y seguridad públicos. Por otro lado, el proyecto de ley introduce, como contrapartida, rendición de cuenta por parte de las policías incorporando elementos de publicidad y transparencia de estos procedimientos que permitan a la ciudadanía y a la autoridad vigilar su adecuado ejercicio.

El proyecto dispone además que el Ministerio Público, Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería y el Poder Judicial deberán intercambiar los datos personales de imputados y condenados, con el objeto de servir de elemento de apoyo a la labor investigativa en las diversas etapas del proceso penal y de colaboración para una eficaz y eficiente toma de decisiones de los tribunales de justicia y de sustento a las políticas de reinserción. El funcionamiento de este banco de datos se regirá por un decreto supremo del Ministerio de Justicia que podrá determinar que además sea integrado por otras instituciones públicas dentro de la esfera de su competencia.​