“PROYECTO DE LEY “AULA SEGURA” DEFENDERÁ A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y FORTALECE SANCIONES EN CASOS GRAVES DE VIOLENCIA”
La Seremi de Gobierno de La Araucanía, Pía Bersezio Norambuena (@PíaBersezio) destacó el proyecto de ley "Aula Segura", firmado por el Presidente Sebastián Piñera junto a la Ministra de Educación Marcela Cubillos, el cual otorga mayores facultades a los directores de establecimientos educacionales para resolver los hechos de violencia.
La iniciativa, recalcó la autoridad, busca defender a la comunidad educativa y fortalece las facultades sancionatorias en casos graves de violencia en aula.
"El objetivo de este proyecto de ley es fortalecer las facultades de los directores de los establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados, incorporando un procedimiento más expedito de expulsión o cancelación de matrícula en aquellos casos de violencia grave que afecten los derechos e integridad de los miembros de la comunidad educativa", expresó la portavoz de Gobierno de La Araucanía.
La autoridad agregó que "en caso que se decida la expulsión o cancelación de matrícula en aquellos casos de violencia grave que afecten los derechos e integridad de los miembros de la comunidad educativa, el director deberá comunicar por escrito la decisión de expulsión, junto con sus fundamentos, al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días".
De igual modo, la Seremi de Gobierno, precisó que "esta medida garantiza el derecho a la educación del alumno sancionado, ya que contempla un proceso de reubicación en otro establecimiento educacional. El Ministerio de Educación dispondrá, además, de un programa de apoyo psicosocial para el estudiante expulsado", acotó Bersezio.
Cabe precisar que este nuevo proyecto de ley posibilita la expulsión o cancelación de la matrícula de forma inmediata, en contraste con los 25 días promedio que dura el actual procedimiento.
En tanto, las causales de expulsión contempladas son: uso, posesión, tenencia y almacenaje de armas o artefactos explosivos, como bombas molotov, entre otras; agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos.
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