FAMILIA ANGOLINA FUE VIOLENTAMENTE DESALOJADA DE TERRENOS QUE ASEGURAN FUERON ESTAFADOS A SUS PADRES

Una violenta situación ocurrió durante la mañana de este lunes en La Arcadia, específicamente en sector de Cutipay, comuna de Angol, cuando una receptora judicial, acompañada de un fuerte contingente de Carabineros de Fuerzas Especiales, llegó hasta los terrenos del Lote C, parcela 26, para hacer efectivo una orden de lanzamiento, ordenada por el Juzgado de letras de Angol, tras un recurso judicial interpuesto por Julio Jaña, propietario del terreno, los que estaban siendo ocupados por la familia Escobar Marín.

CARABINEROS

Poco después de las 08:00 de la mañana, la receptora judicial llegó hasta el lugar, acompañada de aproximadamente 50 efectivos policiales, quienes junto a la familia Jaña intentaron ingresar al predio en cuestión, encontrándose con la resistencia de la familia Escobar, produciéndose un enfrentamiento en el que Carabineros debió intervenir.

Pedreadas, amenazas y muchos insultos fueron la tónica del proceso por cerca de una hora, hasta que la fuerza pública pudo contener la situación y recuperar el orden.

Si bien existe una resolución judicial emanada del Tribunal de Letras de Angol, la cual fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Temuco y por la Corte Suprema de Santiago, para la familia Escobar esto no es más que un fraude del cual fueron víctimas sus padres hace 40 años.

¿ESTAFA?

Manuel Escobar Marín, uno de los hijos del matrimonio supuestamente estafado, relató que "mis padres hicieron con ellos en el año 1979 un contrato de arriendo de estas tierras por nueve años. Ellos eran analfabetos los dos. Ellos nunca vendieron. Después ellos le agregaron otro nueve y el contrato quedó por 99 años. Después ellos se hicieron traspaso del terreno entre familiares y al final apareció que el terreno mis padres lo habían vendido. Eso nunca ocurrió, ellos engañaron a mis padres y ahora, con abogados a los cuales les pueden pagar porque tienen plata, nos quitan la tierra de la cual nosotros nos alimentamos y nos da para vivir".

De igual forma, Mireya Escobar Marín, asegura que los terrenos, un total de poco más de 20 hectáreas, nunca se vendieron, sino que lo que se hizo entre su padre y Julio Jaña fue un contrato de arriendo. "Nosotros siempre hemos vivido aquí, trabajamos la tierra, vivimos de ella. Ellos hicieron sus chanchullos con los abogados y nos quitaron la tierra que mi papá se ganó con su esfuerzo", manifestó una de las hermanas.

TOMA

Por su parte, María José Jaña, una de las hijas de Julio Jaña, propietario del terreno, explicó que "este conflicto se generó hace tres años atrás cuando la familia Escobar Marín se toma este terreno que mi padre compró hace 40 años. Ellos llegaron un día, sacaron los animales que allí teníamos pastoreando y se instalaron en él sembrando y plantando para su beneficio. Ante la negativa de diálogo con ellos, presentamos un recurso judicial ante el Juzgado de Letras de Angol, el que resolvió el lanzamiento de estas personas, dictamen que posteriormente ratificó la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Hoy se está llevando a cabo esta orden de lanzamiento y hemos sido nuevamente insultados y agredidos por ellos en lo que ya se ha hecho una constante en todo este tiempo", aseguró.

DENUNCIAS

María José manifestó además que durante estos años además han sido víctimas de violencia, amenazas, acoso y falsas denuncias que han perjudicado a ella y su familia. Criticó además la forma en la que se imparte la justicia, la demora en los trámites, la falta de seguridad, la polarización de la información por parte de algunos medios de comunicación y la manipulación de la causa mapuche a conveniencia de algunos, todo lo que ha ido en contra de su familia.

Descartó además la versión de la familia Escobar Marín, asegurando que cuentan con la escritura, los pagos y contratos que dejan claro que los terrenos fueron comprados de manera legal por su padre Julio Jaña.

PROTECCIÓN

Si bien este lunes, tras el desalojo de las personas, la destrucción de una mediagua existente en el lugar y la rotura de un puente de acceso al terreno en cuestión, se dio cumplimiento a la orden judicial, el conflicto está lejos de terminar, por lo que no se descarta la solicitud de una custodia temporal en el lugar y evitar así hechos de mayor violencia.