CONADI COMPRÓ TIERRAS A DOS COMUNIDADES QUE HICIERON “USURPACIONES” EN LA ARAUCANÍA

La diputada Gloria Naveillán hizo la denuncia pública desglosando los antecedentes de distintos casos, Asegura que los dueños de predios se han visto sometidos a las amenazas de comuneros que han ocupado sus tierras de forma violenta.

Hasta el 12 de diciembre de 2022 Conadi había concretado la compra de tierras para ocho comunidades, en función del artículo 20, letra b, de la Ley indígena, que es el que permite el financiamiento de tierras en conflicto provenientes de los títulos de merced; con una inversión que sobrepasa los 17 mil millones de pesos. Pese a que en la Ley de Presupuesto existe una glosa que indica que la instancia no puede comprar terrenos que hayan sido "perturbados", es decir, marcados o tomados; dos de las comunidades beneficiarias participaron "en procesos de recuperación". En publicación redactada por parte de los comuneros escriben: "Ponemos en conocimiento que nuestra comunidad (José Huenchual) hace ocupación de manera pacífica, indefinida y permanente, negándonos a renunciar a nuestros derechos. De igual manera, manifestamos nuestro apoyo a las comunidades que han dado inicio a procesos de recuperación de territorios ancestrales en las diferentes entidades territoriales". Y el mensaje cierra exigiendo la "libertad a los presos políticos mapuche". Hay un tercer comunicado en el que hablan del Fundo El Vergel, donde cuentan que hicieron ingreso el 17 de abril de 2021 con el apoyo de comunidades que integran la Alianza Territorial Wenteche. En esa ocasión fueron desalojados del predio por Carabineros. Esto ocurrió el 20 de abril de 2021. De acuerdo con los reportes de entonces, cuando las comunidades entraron el dueño del campo resultó con lesiones leves ya que fue golpeado y expulsado de su terreno. También hay antecedentes de que ese día fueron sustraídas distintas maquinarias agrícolas. Durante el desalojo no hubo desórdenes, ni detenidos; ya que no había nadie en el lugar cuando concurrieron a desalojar. El campo ya contaba con medidas de protección, que consistían en rondas periódicas diurnas y nocturnas. En este sentido, la diputada por la IX Región, Gloria Naveillán, relata además que estuvo en contacto con el que era dueño del fundo. "Él vendió ese predio a Conadi porque no tenía ninguna alternativa. Él sufrió al menos dos atentados en ese campo, donde le quemaron todo lo que tenía. Estaba rodeado por esta comunidad violenta y esta comunidad no le permitía ni siquiera trabajar porque amenazaba tanto a sus trabajadores, como a los que le prestaban servicio"." Lamentablemente - enfatiza la parlamentaria - las amenazas no cesaron después de concretarse la compra-venta. Para peor, cuando él firmó la escritura, esta establecía claramente que él tenía entre 30 y 45 días para retirar todas sus cosas del predio antes de que la comunidad se hiciera cargo; pero la comunidad entró al predio dos días después. O sea, no se cumplió nunca el plazo. Es más, él tenía pasto para hacer bolos y no alcanzó a hacerlos porque la comunidad se le metió adentro y la comunidad hizo los bolos y se quedó con los bolos".

EL CASO DE "USURPACIÓN" DE AMULEY LOF PICHI PANTANO 1

En 2020, Naveillán era vocera del Gremio Agricultores Victoria-Malleco.

El 17 de agosto de ese año publicó un tuit en el que denunciaba la "usurpación de un predio particular en Traiguén". En las imágenes se observa a la comunidad Amuley Lof Pichi Pantano 1 poniendo letreros en el lugar. A la comunidad se le hizo la compra teniendo en cuenta un título de merced de 1885, otorgado al lonko Juan Marín. Relata la diputada Naveillán que el predio era arrendado a un integrante del lof, pero éste "dejó de pagar y de la noche a la mañana perturbó el predio con estos letreros, esta ceremonia y todo lo demás y desde ese minuto en adelante, el dueño del predio nunca más pudo entrar". Señala la legisladora en este caso, "él prefirió empezar a negociar con Conadi para vender y olvidarse del problema; pero no significa que Conadi no haya sabido porque yo lo denuncié públicamente. Si ellos hacen un proceso de investigación, lo mínimo es buscar en internet qué pasa en ese predio. ¿Qué investigación hace Conadi? Ninguna".

Naveillán opina que Conadi no se debe basar en las denuncias a Fiscalía o a Carabineros para saber si un predio está "perturbado, porque hay muchos dueños de predios que por temor a lo que les pueda pasar prefieren no denunciar. ¿Los que han denunciado qué resultados han tenido? ¿Cuántos detenidos hay? ¿Quién les ha resarcido el daño producido?". Los delitos que acompañan las usurpaciones El informe del Observatorio Judicial además detalla que "por regla general, las usurpaciones van acompañadas de otros delitos, como amenazas e incendios y suelen marcar el inicio de una serie de actos de amedrentamiento contra los propietarios".

La diputada Gloria Naveillán explica que las usurpaciones en la Macrozona Sur funcionan distinto a cómo operan en el resto del país; donde se hace la toma de un terreno y luego se levanta algún tipo de infraestructura. "Esta gente entra a los predios, pone sus banderas, hace sus amenazas y después se van; pero ese predio queda sujeto a que ellos entren y salgan cuando se les ocurra, a que ejerzan una amenaza con estos letreros a los dueños de los predios y a que presionen a los dueños para que vendan sus predios a través de la Conadi", dice. La parlamentaria Naveillán afirma que esta presión se ejerce "poniendo problemas para que cosechen, cobrando peaje cuando el agricultor cosecha.

También se ejerce amenazándolos con quemarles su siembra, o a través de daños ocasionados en los predios que están con esos letreros, ya sea que les quemen bodegas, casas, que les amenacen a los trabajadores, en fin