INFORME DE PODER JUDICIAL RECONOCE ATENCIÓN ADECUADA A NIÑOS DE LA ARAUCANÍA

Compromiso del equipo directivo y técnico, inversiones en mejoras de residencias y en capacidades técnicas son las observaciones que más se repiten en el capítulo correspondiente a la región de La Araucanía en el primer Informe Nacional de Visitas a Hogares y Residencias de Protección de la Red Sename.

Los antecedentes que releva el informe del Poder Judicial corresponden al primer semestre de 2016, y la nueva directora nacional del Sename, Solange Huerta -quien asumió a mediados de julio de este año- ha dado cuenta sobre las deficiencias a que se refiere este informe, en especial en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.

En la actualidad La Araucanía cuenta con 19 residencias, de las cuales dos son centros administrados directamente por el Sename; y 16 son pertenecientes a organismos  colaboradores que reciben una subvención del Estado para el cumplimiento de su función; y uno, que no cuenta con ningún tipo de subvención.

La directora regional del Sename, Ximena Oñate, explicó que aún cuando el informe del Poder Judicial observa positivamente el funcionamiento de las residencias de La Araucanía, los desafíos de atención y protección de niños, niñas y adolescentes vulnerados imponen una conducta de atención y retroalimentación permanentes para la mejora continua: “Nos aporta de forma significativa conocer aquellas cuestiones que son avances y desafíos. Reconocemos que los procesos de supervisión se pueden mejorar, lo cual sin duda haremos. Sin embargo, también es importante el reconocimiento y valoración que el Poder Judicial tiene respecto del impacto que tienen los procesos de intervención, gracias a la mirada de trabajo en red y la inversión en infraestructura”.

Para poder mejorar todas aquellas necesidades develadas en el informe es ineludible el trabajo conjunto e intersectorial entre distintos organismos públicos y privados, porque evidentemente es tarea es de todos, no sólo del Sename, mejorar la situación de las niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos. Ésta es una realidad que no se puede cambiar de forma inmediata, por lo que se está trabajando en medidas a corto, mediano y largo plazo.