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Corte Suprema confirmó sentencia por tráfico de drogas dictada por el tribunal oral de Angol

admin el 08-11-2014, visto 116 veces 0
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La Corte Suprema rechazó un recurso de nulidad presentado en contra de una sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, que condenó a tres imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos de tráfico de ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas, ilícitos perpetrados en noviembre de 2013.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsmüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas ratificó la sentencia que condenó a Pablo Contreras Moya y Cristián Cortez Bustos, a penas de 5 años y un día de presidio; y a Wilson Fuentes Cheuquemán, a 3 años y un día. Además, a los tres condenados se los sancionó con la pena de 541 días de presidio por su participación en el ilícito de tenencia ilegal de armas.

La resolución del máximo tribunal descarta infracción de ley en el razonamiento de los jueces de primera instancia, quienes concordaron en que no hubo vulneración al debido proceso en la detección de los imputados durante un control policial.

“Los antecedentes proporcionados por los intervinientes se constató que el control vehicular y de identidad practicados a los imputados tuvieron como justificación las circunstancias referidas en el motivo Cuarto (obediencia a la primera instrucción de detención e intento inmediato de reanudar la marcha), a las que cabe añadir la hora en que tales hechos se han verificado (madrugada) y el lugar donde éste se practicó, elementos de hecho constitutivos de los indicios referidos por la norma citada y que aparecen como razonablemente interpretados por los funcionarios aprehensores y que validan su decisión de recurrir a la herramienta indicada (…) al proceder del modo que lo hicieron, los funcionarios no incurrieron en un exceso en las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, no han incurrido en atropello a las normas legales que orientan el proceder policial como tampoco a las garantías y derechos que la Constitución Política reconoce y garantiza a los imputados, por lo que los jueces del tribunal oral no han incurrido tampoco en vicio alguno al aceptar con carácter de lícita la prueba de cargo obtenida por la policía en la referidas circunstancias y que fuera aportada al juicio por el Ministerio Público”, sostiene el fallo.

(Fuente: Poder Judicial)